Uno de los principales datos es que hoy el aporte fiscal a la gestión de Areas Protegidas es significativamente menor al que se percibe por ingresos propios. Los aportes del turismo son la fuente principal de ingresos, representando el 2021 un 65% del presupuesto total y en la proyección para el 2023, pese al impacto de la pandemia en la actividad turística, constituirán más de un 57%.
Sin embargo, en Chile existe una importante brecha para una correcta y eficiente gestión de nuestras áreas protegidas. Según la Fundación Terram, nuestro país se encuentra en los últimos lugares en Latinoamérica de inversión en áreas protegidas, superando sólo a Paraguay y Bolivia, con un monto cercano a 0,6 USD por hectárea, muy lejos del promedio de 1,9 USD, un déficit que se acentúa en el tiempo.
Este escenario es insostenible e implica revisar el modelo de gestión y financiamiento a través de Conaf, y los cambios y desafíos que implicará la puesta en marcha del Sistema de Biodiversidad y Areas Protegidas.
Es prioritario aumentar significativamente el aporte fiscal a la gestión del Snaspe, hasta alcanzar al menos el promedio latinoamericano, contribuyendo así al menos a resolver las necesidades básicas de gestión, como son los gastos en personal e infraestructura administrativa.
Esta medida debe complementarse incluyendo nuevos actores para la gestión de los parques como: gobiernos regionales; creación de un marco para consolidar el aporte de ONG internacionales; y por supuesto, fortalecer el desarrollo sustentable de la actividad turística.
Posiblemente, el escenario óptimo involucre un poco de cada una de las opciones mencionadas, y parte del desafío será buscar el equilibrio entre éstas. En particular, respecto a la tercera idea un caso de éxito a revisar es el del Servicio Nacional de Parques (NPS) de Estados Unidos, que, a través de la administración de cerca de 500 contratos de concesión en 100 parques, genera más de U$1.000 millones anuales a las economías locales, empleando a más de 25.000 personas y brindando servicios que van desde alimentación y alojamiento hasta actividades de turismo aventura.
En Chile, aún existe un margen importante. Si vemos las concesiones estas se concentran en Patagonia en un 67,5%, y de los servicios turísticos que operan al interior de parques nacionales, sólo un 8,2% tiene algún contrato con Conaf. Sólo hacerse cargo de esta situación aumentaría los ingresos de recursos por la vía de renta concesional.
Una relación virtuosa de cooperación público-privada la vemos en nuestro Parque Nacional Torres del Paine, que previo a la pandemia recibía más de 260.000 personas por temporada, aportando a la economía regional cerca del 10% del Pib, significando además que por cada U$1 gastado por turista en el parque, se dejan U$5,5 adicionales a nivel nacional.
Respecto al aporte a la gestión de Conaf, podemos ver datos muy interesantes, la Octava Maravilla contribuye aproximadamente al 40% del presupuesto total del Sistema Nacional de Areas Protegidas, incluyendo entradas y concesiones. Una cifra que además de sorprendente, nos muestra que la actividad turística favorece significativamente la gestión en torno a nuestros parques, aportando directamente a sus objetivos de conservación.
Es necesario que la variable turística se incorpore a los organismos a cargo de la administración de los parques, tanto en sus instrumentos de planificación territorial, como en infraestructura, la gestión de la experiencia del visitante, el desarrollo de concesiones y permisos de uso, y la vinculación con las comunidades.
Fuente: laprensaaustral.cl